EN ACTUALIZACIÓN

El relevamiento actual del SISUR incluye las instituciones estatales argentinas cuyas agendas temáticas corresponden a los cuatro ejes priorizados en la primera etapa del SISUR: prevención de la violencia, igualdad y no discriminación, memoria y justicia e infraestructura institucional. El relevamiento identificó 50 organismos entre instituciones (44) y mecanismos de articulación (14) que se encuentran concentrados mayoritariamente en el Poder Ejecutivo (70%), aun cuando se despliegan en todos los poderes públicos. A lo largo de la ficha se presenta la institucionalidad en derechos humanos de la Argentina en función de los ejes analíticos del SISUR.

La Secretaría de Derechos Humanos(SDH) dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es la principal institución de promoción y protección de los Derechos Humanos en Argentina y tiene como antecedente la histórica CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas). La temática de memoria, verdad y justicia en relación a las violaciones de derechos humanos de la última dictadura ha sido el eje fundante de la SDH y permanece como uno de sus principales temas de agenda, especialmente a través del Archivo Nacional de la Memoria y del Espacio para la Memoria y para la Protección y Defensa de los Derechos Humanos (ex ESMA)

De la Secretaría de Derechos Humanos, a su vez, depende estructuralmente el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), que está constituido como un organismo autónomo y descentralizado que se ocupa especialmente de las políticas de prevención de la discriminación y de promoción de derechos de grupos en situación de vulnerabilidad

Otras temáticas se encuentran dispersas en una multiplicidad de instituciones o áreas, como es el caso de discapacidad o mujeres, los cuales si bien cuentan con mecanismos de articulación dependientes directamente de presidencia para coordinar las políticas públicas (CONADIS y Consejo Nacional de las Mujeres), desarrollan asimismo áreas específicas en distintos niveles del poder ejecutivo (ADAJUS, Dirección de la mujer en Cancillería) y de los otros poderes. Por su parte, la Dirección de Derechos Humanos de la cancillería resulta el organismo primario para la articulación de las acciones en materia de derechos humanos a nivel regional, además de realizar el seguimiento de los tratados, indicadores y recomendaciones internacionales.

Una particularidad de la Institucionalidad en derechos humanos de la Argentina ha sido la creación de áreas específicas dentro de los Ministerios de Defensa y Seguridad, incluyendo la perspectiva de derechos humanos en ámbitos clásicamente ajenos a este abordaje. En estas direcciones si bien la temática fundante ha sido memoria, verdad y justicia en relación a la última dictadura militar, se han incorporado nuevas temáticas, como género y violencia institucional. Los otros poderes públicos despliegan asimismo una variada institucionalidad, existiendo comisiones o áreas relativas a derechos humanos en cada uno de los poderes. Se destacan el Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la Defensa con diferentes unidades temáticas de derechos humanos tales como migración, refugio, violencia institucional y condiciones de encierro, entre otras.

Buena parte de estas instituciones ha surgido o trabaja en función de los tratados internacionales ratificados por la Argentina y las traducciones normativas nacionales que en los últimos años han tenido un gran desarrollo. En relación a las políticas públicas, durante la última década la Argentina – y en consonancia con lo que ocurre en toda la región - ha presentado una notable expansión de sus políticas públicas concebidas y promovidas con enfoque de derechos, donde se propone al Estado como garante de derechos y a los sujetos como titulares de éstos, con capacidad de reclamo y de participación.


Historicidad Institucional

La institucionalidad de DDHH en Argentina surge paulatinamente a partir de la recuperación de la democracia en 1983. Al iniciarse el proceso democrático y con Alfonsín como presidente se crea la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), con el objetivo de investigar y aclarar la desaparición forzada de personas producida durante el terrorismo de Estado (1976 -1981). Esta fue sin duda la primera institución de derechos humanos creada en democracia y con alto impacto a nivel nacional e internacional. La CONADEP entregará su informe NUNCA MAS el 22 de septiembre de 1984 lo que llevará a la creación inmediata de la entonces Dirección de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio del Interior. En 1999, esta Dirección se transfiere a la órbita del nuevo Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para finalmente en el 2002 obtener la denominación y rango actual como Secretaría de Derechos Humanos.

Asimismo desde el retorno a la democracia se crea dentro de la Cancillería un área responsable de seguir los tratados internacionales y las relaciones con los Organismos Internacionales de DDHH. Una década después, en 1994, se sanciona la nueva Constitución Nacional la cual otorga rango constitucional a los Tratados de Derechos Humanos. Esto tendrá impacto a lo largo de los siguientes años en la creación de nueva institucionalidad y consolidación de la existente. Pocos meses después, el atentado de la AMIA impulsará la creación en 1995 del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), el cual logrará entrar en funcionamiento en 1997.

La crisis económica y política del 2001 terminará de recrudecer la protesta social ya iniciada durante los años noventa mediante los conocidos “piquetes” o cortes de ruta. La brutal represión sucedida el 19 y 20 de diciembre dejará un saldo de 39 muertos y llevará a la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa.

A partir del 2003 se iniciará un proceso de reforma del Estado que incluirá un impulso en derechos humanos. Una de las señales distintivas en esta materia fue el fortalecimiento de la Secretaría de Derechos Humanos que quedará a cargo a partir del 2003 de Eduardo Luis Duhalde, un abogado con larga trayectoria como abogado defensor de presos políticos y dirigentes sociales durante los años 70. Durante esos años, la secretaria creció en importancia dentro de la estructura del Estado argentino, cumpliendo un papel destacado en el impulso del proceso de memoria, verdad, justicia y reparación de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de estado. Se impulsó entre otras cosas, la recuperación del actualmente Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos(ex centro clandestino de detención ESMA) y la creación del Archivo Nacional de la Memoria, al mismo tiempo que se ampliaban las temáticas y líneas de acción.

Al mismo tiempo desde otros espacios del poder ejecutivo se fueron profundizando las políticas públicas con enfoque de derecho y las transformaciones institucionales delineadas en muchos casos por los compromisos internacionales y regionales adquiridos (secretaría de niñez, normativa migratoria, comisión de refugiados, etc.).

Los otros poderes públicos sufrieron asimismo cambios importantes en su institucionalidad relativa a la promoción y/o protección de los derechos humanos. Se puede destacar la creación de comisiones temáticas específicas dentro del Ministerio Público de la Defensa como la comisión de cárceles, comisión de seguimiento del tratamiento institucional de NNYA, comisión del refugiado y comisión del migrante, así como las procuradurías del Ministerio Público Fiscal: procuraduría de trata y explotación de personas, procuraduría de violencia institucional, procuraduría de crímenes contra la humanidad.


Temas de agenda y líneas de acción

En Argentina la temática principal que ha fundado la institucionalidad de Derechos Humanos está atada a la historia reciente Argentina, más específicamente a la violaciones de Derechos Humanos sufridas durante la última dictadura militar y las políticas reparatorias. A pesar de este aparente monopolio, la concepción de derechos humanos se ha ido ampliando en la última década incluyéndose en particular normativas e institucionalidad específica para la promoción y protección mujeres, niños y adolescentes, migrantes y refugiados, LGBT.


Participación social

En Argentina los derechos humanos han estado históricamente vinculados a los organismos y movimientos sociales, organizaciones como las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, la APDH o el CELS entre otras, han tenido una amplia participación en la agenda de derechos humanos y en la creación de la institucionalidad específica. Además de este aspecto histórico, se puede observar que entre los mecanismos de articulación interinstitucional relevados, más de la mitad (8) incluyen la participación de organizaciones sociales.


Producción de información en derechos humanos

La producción de información sobre DDHH en Argentina es cuantiosa, especialmente en relación al proceso de Memoria, verdad y justicia donde desde las Instituciones gubernamentales y no gubernamentales se han producido numerosos informes. Particularmente en relación a los archivos, en el Archivo Nacional de la Memoria (ANM) se cuenta con el registro de las personas desaparecidas en la última dictadura militar – registro iniciado por la histórica CONADEP – así como una gran cantidad de material adicional sobre estas temáticas: entrevistas, documentos, fotografías, etc. Sobre esta temática es asimismo importante destacar el último material recuperado en el Ministerio de Defensa y organizado por la Dirección de Derechos Humanos de este Ministerio que contempla las actas originales de la Junta Militar durante el terrorismo de estado y que constituye un importante material de investigación.

En relación a otras temáticas la producción de información es inferior aunque viene en aumento los últimos años. Se destacan sin embargo los informes producidos por el INADI, por algunas de las comisiones del Ministerio Público de la Defensa y del Ministerio Público Fiscal.

Por otra parte, en otros organismos como la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE) o la misma Secretaría de Derechos Humanos se produce información importante referente a las políticas y acciones en Derechos Humanos aun cuando la misma no se encuentra siempre accesible de forma pública.



Intituciones estatales
Además de la Secretaría de Derechos Humanos (SD) se identificaron ocho organismos primarios rectores de políticas públicas en la materia específica de su competencia, entre ellos el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad o la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia(SENAF). Esta clasificación es independiente del rango administrativo y resulta en función de la responsabilidad de la institución dentro del estado en la definición y/o ejecución de las políticas públicas. El resto del mapa institucional se reparte entre dependencias internas, como direcciones de Derechos Humanos o programas específicos (13), órganos de control especializados (9), comisiones para elaboración de normas y procedimientos (4), áreas de asistencia o asesoramiento (9) y el Defensor del Pueblo, dependiente del poder legislativo.

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Mecanismos de articulación
La totalidad de los mecanismos de articulación relevados en Argentina pertenece al poder ejecutivo y se reparten entre mecanismos de articulación nacional intra-poder y mecanismos de articulación federal. En algunos casos su conformación incluye instancias de participación social y en otros se trata exclusivamente de coordinación entre agencias estatales. Finalmente la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) se clasifica como mecanismo de articulación inter-poderes ya que se encuentra conformada, además de por las Abuelas de plaza de mayo y la Secretaría de Derechos Humanos, por representantes del Ministerio Público..

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Políticas públicas  
En relación a las políticas públicas la Argentina cuenta con la Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH) desde fines del año 2009, un programa de transferencia monetaria para para los niños y adolescentes hijos de personas desempleadas y de trabajadores de la economía informal, este programa junto a el Programa de Inclusión Previsional, el Plan Nacer-Sumar y el reciente programa Progresar constituyen las iniciativas más amplias en promoción y protección de derechos sociales. Además de estas políticas de amplia cobertura encontramos iniciativas específicas orientadas a la coordinación, promoción y protección de los derechos humanos, como el Plan Nacional contra la discriminación cuya responsabilidad recae en el INADI y que motoriza diversas acciones para la igualdad y no discriminación de grupos en situación de vulnerabilidad social. La siguiente tabla presenta las principales políticas públicas de carácter nacional, mientras que las fichas detalladas de las instituciones abordarán las políticas específicas llevadas a cabo por cada organismo.

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Normativas nacionales  
En Argentina el Artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, en su reforma de 1994, establece que: ”La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos [1]; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo [2]; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; [3] la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial [4]; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer [5]; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes [6]; la Convención sobre los Derechos del Niño [7]; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional.”

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Documentos y recursos adicionales  
Documentos y recursos producidos por las instituciones o mecanismos de articulación de interés o relevancia en derechos humanos

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Documentos y recursos IPPDH  
Documentos y recursos IPPDH

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