Desde la caída de la dictadura en el año 1989 y la construcción de un nuevo pacto social con la Constitución Nacional de 1992, el Estado paraguayo fue adoptando un marco jurídico ajustado a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y en consecuencia ha creado instituciones y mecanismos para hacer frente no sólo a las obligaciones jurídicas que ha asumido, sino a una realidad de violaciones estructurales de derechos por condiciones como la pobreza, la violencia, la cultura y otros. Así, la estructura institucional del Estado en materia de derechos humanos se encuentra presente en los tres poderes; Ejecutivo, Judicial y Legislativo, pero además en instituciones extra poder como el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, entre otros.

En total, el presente relevamiento identifica 45 organismos estatales especializados en derechos humanos, ya sea porque trabajan de manera directa en la promoción, protección o garantía de derechos humanos en general o bien porque están abocados a la atención y satisfacción de derechos de una poblaciones en particular (niñez, personas con discapacidad, mujeres, etc.). La mayor presencia se da a nivel del Ejecutivo a donde pertenecen cerca del 58% de las instituciones relevadas, 9% en el Poder Judicial y 13% en el Legislativo, cerca de un 20% están en organismos constitucionales autónomos.

El relevamiento del país también muestra algunos de los mecanismos de articulación más importantes a nivel nacional en materia de derechos humanos, presenta las principales políticas públicas en materia de derechos como ser el Plan Nacional de Derechos Humanos y las normativas a nivel interno, además de una línea del tiempo que permite ver los hitos que han marcado la construcción del sistema nacional de protección de derechos humanos.


Historicidad Institucional

La apertura democrática del Paraguay dio inicio a la formación de organismos de derechos humanos dentro del Estado. La Dirección General de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia y Trabajo en el año 1990 fue el primero de ellos. Posteriormente, con la Constitución Nacional de 1992 se creó la Defensoría del Pueblo instituida nueve años después con el nombramiento del Defensor. La década del ´90 fue clave en la constitución y consolidación de instituciones como la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales y a inicios del año 2000 con la sanción del Código de la Niñez y la Adolescencia se creó el sistema de protección integral a la infancia que incluye la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia.

En 2008, el Presidente Fernando Lugo estableció entre sus prioridades el trabajo en derechos humanos e invitó a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos (ACNUDH) a visitar Paraguay. En el mismo año y a consecuencia de los procesos que tenía el Estado ante el sistema interamericano de derechos humanos, el atraso en la presentación de informes a mecanismos de supervisión, al igual que la necesidad inmediata de trabajar en la elaboración del Informe para el Examen Periódico Universal, el Ministerio de Relaciones Exteriores junto con el Ministerio de Justicia y Trabajo iniciaron un trabajo de coordinación entre distintas dependencias que terminó con la formación de la Red de derechos humanos del Poder Ejecutivo y la Comisión interinstitucional responsable de la Ejecución de las Acciones necesarias para el cumplimiento de las Sentencias Internacionales (CICSI).

En el 2009 se creó el Viceministerio de Justicia y Derechos Humanos, convirtiéndose así en la institución de derechos humanos de más alta jerarquía dentro del Estado, no obstante dentro de los procesos de reestructuración en junio del 2014 el Viceministerio dejó de tener competencia directa en derechos humanos, desapareciendo su denominación. Los procesos de reforma también alcanzaron a la Secretaría de la Mujer, la cual elevó su rango a Ministerio en 2012 y se creó la Secretaria Nacional por los derechos humanos de las personas con discapacidad, primera institución pública abocada a las políticas integrales hacia las personas con discapacidad.

A la par de las transformaciones a nivel del Ejecutivo, los otros poderes fueron avanzando en la construcción de su institucionalidad en derechos humanos, así el Poder Legislativo creo sus comisiones permanentes asesoras en derechos humanos y el Poder Judicial ha consolidado en los últimos años la dirección de derechos humanos, y creado la secretaría de género, además de ser el custodio legal de los denominados “Archivos del Terror”, documentación policial oficial de la dictadura del General Alfredo Stroessner.

Por último, cabe destacar que Paraguay fue uno de los primeros países de la región en conformar y poner en marcha el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura - MNP, como fruto de recomendaciones enmarcada en líneas de acción del Plan Nacional de Derechos Humanos.


Temas de agenda y líneas de acción

El Estado atravesó en los últimos años un proceso de rediseño y construcción de la institucionalidad en materia de derechos humanos, el principal desafío se presenta en sostener esta institucionalidad y trabajo coordinado para llevar adelante la ejecución del Plan Nacional de Derechos Humanos y desarrollarlo en cada uno de sus ejes estratégicos: 1. Transformación de las desigualdades estructurales para el goce de los derechos humanos; 2. Educación y cultura en derechos humanos; 3. Estado social de derecho; y 4. Seguridad Humana.

En el último año también se ha priorizado el trabajo de seguimiento a las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos y para ello se ha creado un sistema de seguimiento y monitoreo que involucra a gran parte de las instituciones relevadas y abocadas al trabajo en derechos humanos.


Participación social

La participación de la sociedad civil en el diseño y ejecución de articulaciones nacionales así como de políticas públicas en materia de derechos humanos se ha visto marcada por la coyuntura política del país. Diversas organizaciones de la sociedad civil participaron en la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos, sin embargo, cuestionaron que la versión final aprobada no incorporó algunas líneas de acción debatidas y consensuadas.

Otras experiencias de trabajo conjunto se dan en torno a ejes temáticos como: trata de personas, educación en derechos humanos, niñez y adolescencia, trabajo infantil, etc. Cabe resaltar el trabajo realizado entre la Dirección General de Derechos Humanos del MJT, la Coordinadora de derechos humanos del Paraguay - Codehupy y la Oficina del Alto Comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas en la conformación y puesta en marcha del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.


Producción de información en derechos humanos

El conocimiento del estado de los derechos más allá de la norma jurídica ha sido una de los primeros ejes de producción de información por parte del Estado con la generación de indicadores sobre el derecho a la salud, a la educación y el acceso a la justicia. De un valor incuestionable se cuenta con el Informe Final de la Comisión de Verdad y Justicia, entregado a los tres poderes del Estado y a la sociedad civil en el año 2008, con todo un legajo de testimonios, además de las pruebas documentales que se encuentran en el Centro de Documentación y Archivo “Museo de la Justicia” dependiente de la Corte Suprema de Justicia. Cada destacar que el Estado se encuentra al día en la presentación de informes a los organismos de monitoreo del Sistema Universal, a través de esto, es posible contar con información actualizada y recomendaciones cretas al Estado respecto a los derechos analizados.

El Estado también ha diseñado una herramienta informática que permite dar seguimiento a los casos ante sistemas regionales e internacionales de derechos humanos y recomendaciones de órganos de tratados y extra convencionales. Esto permite tener información sistematizada y a su vez dar seguimiento a la institución responsable de su ejecución y las acciones emprendidas para su cumplimiento.



Intituciones estatales
El relevamiento presenta una serie de instituciones del Estado que trabajan de manera directa en derechos humanos ya sea con un mandato amplio en la materia o bien con ejes temáticos: trata de personas, adultos mayores, niñez y adolescencia, mujeres, etc. A nivel del Ejecutivo la mayoría se presenta como áreas internas, dependencias o programas específicos de los Ministerios y/o Secretarías y la mayor parte de ellas participó en la elaboración del Plan Nacional de derechos humanos, encontrándose nucleadas en la Red de derechos humanos del Poder Ejecutivo. Además fueron relevadas instituciones del Poder Judicial y Poder Legislativo, la mayoría de ellas como órganos de control judiciales, instituciones consultivas o de asesoramiento en materia de derechos humanos, al igual que comisiones de elaboración de normas, como son las que se encuentran dentro del Congreso. El relevamiento también da cuenta de tres organismos constitucionales autónomos (TSJE, MP y Defensoría del Pueblo) que cuentan con institucionalidad propia en derechos humanos y por último, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), instalado recientemente en el país como fruto del cumplimiento de tratados internacionales de derechos humanos. La tabla a continuación muestra el nombre de la institución y una breve reseña de su misión o función, además de un link directo que remite a la página web de cada una.

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Mecanismos de articulación
Paraguay cuenta con importantes mecanismos de articulación en ejes temáticos como trata de personas, trabajo infantil, derechos humanos, niñez, etc. Este trabajo coordinado intra poderes involucra - en la mayoría de los casos - a la sociedad civil, ésta articulación ha venido acompañada de la generación de políticas públicas importantes en la materia a los que cada uno se aboca.

En materia de derechos humanos el mecanismo de articulación por excelencia lo constituye la Red de derechos humanos del Poder Ejecutivo, la cual ha ido integrando y coordinando acciones con otros poderes del Estado como el Poder Judicial y organismos como el Ministerio Público, de la misma manera se cuenta con el CICSI, precedido por el Vicepresidente de la República y cuya misión es dar cumplimiento a las sentencias internacionales en materia de derechos humanos. Ambos mecanismos fueron creados en el año 2009.

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Políticas públicas  
El Estado paraguayo cuenta con un Plan Nacional de derechos humanos que orienta el quehacer de las instituciones involucradas y determina líneas de acción, en materia de derechos humanos también se logró la aprobación del Plan nacional de educación en derechos humanos y se cuenta con políticas en el ámbito de la erradicación del trabajo infantil, de la trata de personas, en la generación de políticas de igualdad entre mujeres y hombres, el acceso de personas con discapacidad al disfrute de los derechos sin discriminación, en materia de niñez y adolescencia, entre otros. Es importante señalar que tanto la institucionalidad pública como los mecanismos de articulación han ido generando normativas y políticas en sus ejes de trabajo que continúan siendo un desafío en la ejecución y presupuesto.

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Normativas nacionales  
El artículo 1 de la Constitución Nacional de 1992 adopta la democracia como forma de Estado y de gobierno fundada en el reconocimiento de la dignidad humana, estableciendo una relación directa entre democracia y derechos humanos. Así, la Constitución Nacional se abre al reconocimiento de derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales y establece garantías para hacer efectivos los derechos; hábeas corpus, hábeas data, amparo e inconstitucionalidad.

El orden de prelación de las leyes se encuentra establecido en el artículo 137 de la Constitución, el cual dispone que la ley suprema de la República es la Constitución, siguiéndole los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados, las leyes dictadas por el Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía, sancionadas en consecuencia. Estos instrumentos son los que integran el derecho positivo nacional en el orden de prelación enunciado.

El artículo 142 de la Constitución establece que los tratados internacionales relativos a derechos humanos sólo pueden ser denunciados por los procedimientos que rigen para la enmienda de la Constitución, lo que implica mayorías absolutas en el Congreso y referéndum. De esta manera, la Constitución diferencia de otros tratados internacionales los tratados en materia de derechos humanos, blindándolos a un nivel cuasi constitucional.

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