La información del SISUR está siendo actualizada y ampliada en el marco del proyecto IPPDH-FOCEM "Fortaleciendo capacidades institucionales para la gestión de políticas públicas en Derechos Humanos en el MERCOSUR".

El Estado Plurinacional de Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Fundado en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país. Está conformado por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano.

La soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada, de ella emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público; es inalienable e imprescriptible. El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble).

El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien.

La Constitución, dispone que los derechos que reconoce son, inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos, el Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos.

Bolivia se organiza territorialmente en nueve (9) departamentos, ciento doce (112) provincias, trescientos treinta y nueve (339) municipios y once (11) territorios indígena originario campesinos.

Las entidades que trabajan en la temática de derechos humanos, son en su conjunto, todas las instituciones públicas que tienen el deber de respetar y garantizar los derechos humanos de la población. Sin embargo, de forma específica se establecieron instituciones en la materia para la elaboración e implementación de políticas públicas. De esta manera se creó el Ministerio de Justicia, que cuenta con un Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales, que por norma es la entidad que tiene la atribución de formular y ejecutar políticas y planes de defensa, protección y promoción de los derechos humanos, además de promover la aplicación de los instrumentos internacionales en el ámbito de derechos fundamentales.

Por otro lado desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se trabaja con los organismos internacionales relacionados a los derechos humanos tanto en el ámbito del Sistema Universal como del Sistema Interamericano y recientemente en el ámbito subregional como el MERCOSUR y UNASUR.

Por otro lado, la Procuraduría General del Estado, atiende procesos contra el Estado, pudiendo ser sobre derechos humanos u otras temáticas.

Por otra parte, en 1992 se incorpora a la Constitución Política del Estado la Defensoria del Pueblo como una institución independiente y en 1997 el Congreso Nacional aprueba la Ley Nº 1818 que establece la forma de organización y las atribuciones de esta institución.

También existen Unidades y/o Direcciones de derechos humanos en la Policía boliviana, Ministerio de Defensa y otros. Por otra parte están los órganos colegiados (Consejos) con la participación de ONG’s, organizaciones Indígenas y Movimientos Sociales.

La distribución de la temática en materia de derechos humanos es la siguiente:
-Ministerio de Relaciones Exteriores, dirige las relaciones internacionales con organismos internacionales y regionales.
-Ministerio de Justicia, encargada de establecer políticas públicas para el respeto y garantía de los derechos humanos, así como el cumplimiento de los instrumentos internacionales ratificados por Bolivia.
-Procuraduría General del Estado, procesa Casos contra el Estado boliviano por posible vulneración de derechos humanos, de organismos internacionales.

La Constitución Política del Estado en los Artículos 241 y 242, y la Ley Nº 341, establece el marco general de la participación y control social definiendo los fines, principios, atribuciones, derechos, obligaciones y formas de su ejercicio.

Esta participación social, rige en todas las entidades públicas de los cuatro Órganos del Estado, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Contraloría General del Estado, Procuraduría General del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana; las empresas e instituciones públicas descentralizadas, desconcentradas, autárquicas, empresas mixtas y empresas privadas que presten servicios básicos o que administren recursos fiscales y/o recursos naturales, y las entidades territoriales autónomas departamentales, regionales, municipales e indígena originario campesinas, además de las autonomías indígena originario campesinas (se aplicará de acuerdo a normas y procedimientos propios).

El control social tiene entre sus fines principales el transparentar la gestión pública y el apropiado manejo de los recursos públicos del Estado, cuenta con el mecanismo la presentación de periódica de procesos de rendición pública de cuentas económicas, políticas, técnicas, administrativas y evaluación abierta de resultados de gestión en el marco del plan estratégico institucional y la planificación operativa anual de cada institución.

La producción de información en materia de derechos humanos, se genera a través del Ministerio de Justicia, que es la entidad que elabora los reportes del Estado boliviano ante organismos internacionales. Estos Informes luego son revisados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General del Estado. Recientemente con la firma de un Convenio interinstitucional entre estas instituciones, se estableció un espacio de coordinación para la revisión y presentación de informes del Estado Plurinacional de Bolivia ante los diferentes mecanismos de protección de los derechos humanos en la Organización de Naciones Unidas. Se pretende generar información más específica respecto al cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado en la materia.