La información del SISUR está siendo actualizada y ampliada en el marco del proyecto IPPDH-FOCEM "Fortaleciendo capacidades institucionales para la gestión de políticas públicas en Derechos Humanos en el MERCOSUR". Sin embargo, la República Bolivariana de Venezuela se encuentra suspendida en todos los derechos y obligaciones inherentes a su condición de Estado Parte del MERCOSUR en la aplicación del Protocolo de Ushuaia sobre compromiso democrático en el MERCOSUR. La definición y reglamentación de los aspectos operativos de dicha suspensión han sido encargados al Grupo Mercado Común por el Consejo del Mercado Común (MERCOSUR/CMC/DEC. N° 23/17). La información disponible para este Estado ha sido relevada en el período 2014-2015.

El proceso de creación de organismos públicos de protección y/o promoción de los derechos humanos en Venezuela es, fundamentalmente, consecuencia de la actualización institucional que se desprende de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) de 1999 y del proceso político conocido como Revolución Bolivariana, iniciado en 1998. Existe una cuantiosa institucionalidad dedicada al ámbito de lo derechos humanos, atravesando todos los Poderes Públicos, aunque concentrada en los Poderes Ejecutivo y Ciudadano. En el presente mapeo fueron identificadas 41 organismos estatales de derechos humanos del Estado Venezolano (33 instituciones y 8 mecanismos de articulación). Se priorizaron, por recorte metodológico, los organismos dedicados a los derechos civiles y políticos y a la protección de sectores vulnerables. El número aumentaría sustancialmente al agregarse instituciones de protección de derechos sociales, cuya importancia política es subrayada por el discurso oficial venezolano.
La institución más importante en materia de derechos humanos, por la amplitud de su mandato que abarca todos los derechos en todo el país, es la Defensoría del Pueblo (DdP). La DdP es la Institución Nacional de Derechos Humanos venezolana encuadrada en los Principios de París. Forma parte del Poder Ciudadano, cuya rectoría la conforma un triunvirato en el que participan el o la Defensor/a del Pueblo, el o la Fiscal General y el o la Contralor/a General. La DdP lideriza la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura, un mecanismos de articulación del que participan otras otros poderes públicos y varios ministerios.
El Ministerio Público, también integrante del Poder Ciudadanos cuenta con dependencias dedicadas a la investigación y acusación penal contra funcionarios públicos que violen ddhh (Dirección de Derechos Fundamentales) y con dependencias dedicadas a la acusación penal en casos específicos de violencia de género y derechos de la niñez. La Fiscala General (Cabeza del Ministerio Público) lideriza la Comisión de la Verdad y Contra la Impunidad de las violaciones a los DDHH ocurridas entre 1958 y 1998, principal órgano dedicado a la temática de Memoria y Verdad.
En el Poder Ejecutivo, la institución que concentra mayores responsabilidades en materia de DDHH es el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Su ámbito de actuación se concentra en algunos derechos civiles (vida, libertad, integridad, justicia, seguridad, no discriminación). En particular, dentro de este Ministerio, destacan las instituciones nacidas a partir de la Reforma Policial iniciada en 2006: el Consejo General de Policía (CGP), la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad y dos direcciones del Viceministerio de Sistema Integrado de Policía(VisiPol): Dirección General de Asistencia Técnica a los Cuerpos de Policía y Dirección General de Supervisión Disciplinaria a los Cuerpos de Policía. Este Ministerio, también cuenta con el Instituto Nacional Contra la Discriminación Racial (INCODIR) de muy reciente creación (2014) y con una Dirección de Derechos Humanos, cuya misión está desdibujada desde que el Ministerio transfirió sus competencias vinculadas con la administración penitenciaria, en el año 2012.
Aunque de muy reciente creación (2014), el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), tiene un mandato amplio en materia de DDHH por el que está llamado a convertirse en una de las principales instituciones de DDHH del Estado Venezolano. El CNDDHH es un Mecanismo de Articulación, dependiente de la Vicepresidencia de la República, que cuenta con una Secretaría Ejecutiva permanente. Articula a distintos Poderes del Estado y distintos ministerios del Ejecutivo con el fin de “…coadyuvar en el diseño, planificación, estructuración, formulación de políticas públicas y estrategias del Gobierno Nacional en materia de derechos humanos” (Gaceta Oficial Nº 40.386, 03.04.14).
En la Cancillería, la institución más importante en el campo de los DDHH es la Dirección de Asuntos Multilaterales, que lleva todo el relacionamiento internacional con los sistemas de protección. Tiene bajo su cargo a la Agencia del Estado para los DDHH y a la Comisión Nacional para los Refugiados.
La mayor parte de las instituciones restantes del Ejecutivo atienden derechos de sectores específicos: mujeres, niñas y niños, jóvenes, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, personas con discapacidad, adultos mayores.
Por su parte, el Poder Judicial cuenta con una jurisdicción especial sobre violencia de género, que incluye 47 tribunales desplegados por todo el territorio nacional y una Comisión Nacional de Justicia de Género.
El Poder Legislativo cuenta con dos comisiones y una subcomisión dedicadas a los DDHH. La primera (Comisión de Política Interior) prioriza el trabajo en derechos civiles y políticos y las dos últimas, el trabajo por los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, respectivamente.
El 48,5% (17) de las Instituciones y 37,5% (3) de los mecanismos de articulación se dedican a la protección de derechos de sectores de especial protección; mientras que las 15 (42,8%) instituciones y el 50% (4) de los mecanismos de articulación restantes tienen en su mandato la protección o promoción de algún derecho o grupo de derechos civiles o políticos.

El proceso de creación de organismos públicos de protección y/o promoción de los derechos humanos en Venezuela es, fundamentalmente, consecuencia de la actualización institucional que se desprende de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) de 1999 y del proceso político conocido como Revolución Bolivariana, iniciado en 1998.
La CRBV nació de un proceso constituyente con altísima participación social en todas sus fases: convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, elección de asambleístas, deliberación pública sobre contenido de la Constitución y aprobación del texto constitucional. En consecuencia, la CRBV expresó, en formato jurídico, las demandas de los sujetos en lucha que posibilitaron el cambio en la hegemonía política, luego de 40 años de democracia formal. En un país altamente polarizado como Venezuela, es muy relevante que el Título III de la CRBV sobre “Derechos Humanos y garantías, y de los deberes” goce de un consenso tan amplio entre todos los sectores de la sociedad. El mismo fue elaborado a partir de las propuestas de movimientos populares y las principales organizaciones de derechos humanos del país.
Para entender este proceso político y su incidencia en la actual institucionalidad venezolana de derechos humanos es preciso remitir, como antecedentes inmediatos a las luchas populares ocurridas entre finales de los años 80 y mediados de los 90; así como a las luchas insurreccionales de la izquierda en los años 60 y primeros 70. Los actores, demandas, formas organizativas y estilos políticos de aquellas luchas permean la actual institucionalidad estatal.
En los momentos terminales del modelo político-económico que tuvo primacía en el país entre 1958 y 1998, la reivindicación de los derechos sociales, el cuestionamiento a la represión y la exigencia de ampliación y profundización de la democracia fueron bandera de movilización de diversos sectores sociales. Ello explica la importancia que tiene la participación política, la inclusión social y las reformas de los organismos de seguridad en la actual institucionalidad del país. Lo ocurrido a partir de 1998 no fue solo un cambio de gobierno, sino una propuesta de cambio de modelo societal, que ha implicado hasta el presente una intensa lucha por la hegemonía. De esto se da cuenta en la sección Línea de Tiempo del SISUR, al visibilizar algunos de los principales hitos de DDHH del país.
La vitalidad de la lucha hegemónica venezolana explica, igualmente, el surgimiento de alguna de las principales instituciones de DDHH. Para ilustrar esta afirmación se puede mencionar el nacimiento de la Defensoría del Pueblo (DdP), el 22.12.99, apenas siete días después de aprobado en referéndum el nuevo constitucional o la creación del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), como consecuencia de las recomendaciones que una comisión de Cancilleres de la UNASUR le formuló al Estado venezolano luego de los hechos de violencia política insurreccional animados por una parte de la oposición, entre febrero y junio de 2014.
Otras instituciones como las vinculadas al Nuevo Modelo Policial (CGP, UNES, VisiPol), nacen de la Reforma Policial iniciada en 2006, en la que activistas de DDHH del país han tenido un importante protagonismo. En un terreno tradicionalmente manejado por policías y militares, la participación de académicos y activistas ha generado, a su vez, tensiones internas que explican los avances y retrocesos de la Reforma, así como la vitalidad de sus instituciones.

La búsqueda de la igualdad sustantiva y la justicia social; así como la participación y el empoderamiento de los sectores populares y otros sectores estructuralmente discriminados, son elementos transversales de las agendas institucionales. Estos temas se enmarcan en un proceso de transición al socialismo, que tiene a la radicalización democrática como elemento definitorio.

La participación social es una constante en el discurso de las políticas públicas, las instituciones y la legislación vinculada. Las principales políticas públicas de DDHH han contado con algún tipo de consulta y mecanismos de participación social.

En Venezuela hay muy poca sistematización y producción de información en materia de gestión y situación de los derechos humanos.